Los dueños de perros de razas consideradas peligrosas como el pit bull, rottweiler, dogo argentino o fila brasileiro deberán llevarlos cogidos con correas no extensibles y con bozal. Además, tendrán que obtener una licencia municipal, un certificado de aptitud psicológica y un seguro de responsabilidad civil.
Estos animalesdeberán estar perfectamente identificados por medio de un microchip.
Cuando se encuentren en jardines o parcelas privadas, tendrán que estar atados o, en todo caso, las vallas de la propiedad deberán impedir que puedan escaparse a la vía pública.
La ordenanza, al igual que la legislación estatal, exige a los propietarios la obtención de un certificado de aptitud psicofísica, que se expide en las dependencias médicas habilitadas para el examen facultativo previo a la obtención del carnet de conducir.
Con tres meses de plazo para adaptarse a la nueva normativa, los dueños de los perros están obligados a suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura mínima de más de 150 mil euros.
En la actualidad, el Ayuntamiento articula con la Policía Local los mecanismos efectivos de control y cumplimiento de la ordenanza, cuyo texto contempla sanciones para los infractores que pueden llegar a más de 900 euros.
Estos animalesdeberán estar perfectamente identificados por medio de un microchip.
Cuando se encuentren en jardines o parcelas privadas, tendrán que estar atados o, en todo caso, las vallas de la propiedad deberán impedir que puedan escaparse a la vía pública.
La ordenanza, al igual que la legislación estatal, exige a los propietarios la obtención de un certificado de aptitud psicofísica, que se expide en las dependencias médicas habilitadas para el examen facultativo previo a la obtención del carnet de conducir.
Con tres meses de plazo para adaptarse a la nueva normativa, los dueños de los perros están obligados a suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura mínima de más de 150 mil euros.
En la actualidad, el Ayuntamiento articula con la Policía Local los mecanismos efectivos de control y cumplimiento de la ordenanza, cuyo texto contempla sanciones para los infractores que pueden llegar a más de 900 euros.
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